Economía

[Prez]

El ingreso medio anual de un hogar madrileño es 9.000 euros más alto que el de uno de Extremadura

Bueno, ese dato, sin el de los respectivos costes de la vida, queda bastante cojo.

[Stewie]

PRESUPUESTOS COMUNITARIOS 2007-2013
El Gobierno califica de 'éxito' el acuerdo en la UE y Rajoy dice que es 'injusto para España'


BRUSELAS.- La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega, ha valorado el acuerdo sobre el presupuesto comunitario para el periodo 2007-2013 alcanzado por los Veinticinco en Bruselas como "un éxito colectivo", mientras que el presidente del PP, Mariano Rajoy, considera que es "tremendamente injusto para España".

Para Fernández de la Vega, "un buen acuerdo, como el que anoche alcanzaron los dirigentes europeos, es un éxito para España y también para Europa. Un éxito de todos los españoles y de todos los europeos".

"Hoy es un buen día para España y un buen día para Europa. La Unión vuelve a ponerse en marcha", dijo el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero al explicar los términos del acuerdo, que calificó de "éxito" para España.
[foto de la noticia]

El presupuesto comunitario pactado por los Veinticinco permitirá a España seguir siendo beneficiario neto del presupuesto europeo en 2007-2013, arrojando un saldo neto de 16.181 millones de euros. No obstante, parte de esta cifra -aproximadamente 10.000 millones de euros- corresponde al paquete comprometido y aún no gastado del presupuesto comunitario negociado por Aznar en 1999.

Mariano Rajoy considera que el acuerdo del Consejo Europeo convierte a España en "la gran pagana de la ampliación europea" y apunta que el propio primer ministro británico Tony Blair reconoció que España e Irlanda son las más perjudicadas por este acuerdo.

El presidente del PP recordó que España recibió para el periodo 2000-2006 un saldo neto de unos ocho billones de las antiguas pesetas, y que, con la propuesta aprobada, esa cantidad se reduce entre un 85 y un 90%, lo que calificó como un "fracaso clamoroso".

"Y dijo la verdad -aseguró el líder del PP- lo contrario de lo que dice el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, que sorprendentemente calificó ese acuerdo de éxito, con lo que miente y manipula la verdad ante todos los españoles".

"Me sorprende -manifestó- que Rodríguez Zapatero califique" el acuerdo como éxito, lo que demuestra "que le pasa algo y algo no funciona bien en el Gobierno de España, y ya hay mucha gente que está harta de tanta sonrisa y gracieta y sólo quiere resultados".
Cesiones de Reino Unido

El marco presupuestario aprobado tiene un nivel de gasto de 862.363 millones de euros para el periodo 2007-2013, un 1,045% de la Renta Nacional Bruta (RNB), lo que supone un ligero aumento respecto del 1,03% propuesto el pasado miércoles.

El marco presupuestario ya aprobado por los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea supone una reducción del volumen de gasto con respecto a la propuesta luxemburguesa que fue bloqueada en junio pasado y que ascendía a 871.514 millones de euros, un 1,056% de la RNB comunitaria.

En virtud del acuerdo, Reino Unido accede por primera vez a un recorte, de unos 10.500 millones de euros, del 'cheque' que recibe anualmente de la UE como compensación por el escaso aprovechamiento que hace de las ayudas agrícolas europeas.

A cambio, obtiene de sus socios la promesa de que la estructura del presupuesto europeo será reexaminada a mitad del periodo (2008-2009), aunque los ajustes, especialmente cualquiera que pudiera afectar a los gastos agrícolas, no serán introducidos hasta después de 2013.

De acuerdo con la propuesta británica, los montantes del Fondo para España serán decrecientes: 1.200 millones de euros en 2007, 850 millones en 2008, 500 millones en 2009, y 250 millones en 2010.

De 2010 a 2013 España aportaría a la UE más de lo que recibe de ella.

Aunque la aprobación definitiva del marco financiero plurianual no llegará hasta que el Parlamento dé su visto bueno, España tendría en 2007 una diferencia positiva entre lo que aporta y lo que recibe de la UE de 4.524 millones de euros, mientras que en los años posteriores iría disminuyendo hasta los 3.710 (2008), 2.249 (2009), 1.835 (2010), 1.544 (2011), 1.326 (2012) y 993 (2013).

2007: 4.524 frente a los 1.200 anteriores
2008: 3.710 frente a 850
2009: 2.249 frente a 500
2010: 1.835 frente a 250
2011: 1.544 frente a aportación neta
2012: 1.326 ""
2013: 993 ""

Aún así Marianico ha dicho lo siguiente:

Mariano Rajoy considera que el acuerdo del Consejo Europeo convierte a España en "la gran pagana de la ampliación europea" y apunta que el propio primer ministro británico Tony Blair reconoció que España e Irlanda son las más perjudicadas por este acuerdo.

El presidente del PP recordó que España recibió para el periodo 2000-2006 un saldo neto de unos ocho billones de las antiguas pesetas, y que, con la propuesta aprobada, esa cantidad se reduce entre un 85 y un 90%, lo que calificó como un "fracaso clamoroso".

"Y dijo la verdad -aseguró el líder del PP- lo contrario de lo que dice el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, que sorprendentemente calificó ese acuerdo de éxito, con lo que miente y manipula la verdad ante todos los españoles".

"Me sorprende -manifestó- que Rodríguez Zapatero califique" el acuerdo como éxito, lo que demuestra "que le pasa algo y algo no funciona bien en el Gobierno de España, y ya hay mucha gente que está harta de tanta sonrisa y gracieta y sólo quiere resultados".

Querer comparar la situación de 2000-2006 con la de 2007-2013 es hacer demagogia muy barata.

Para empezar el presupuesto que se manejaba en 2000-2006, era algo mayor del 1,10% del PIB comunitario, y ahora mismo se considera por parte de los aportadores netos, el 1,045% como un sacrificio (se hablaba de 1,03%). Luego, hay tres regiones (Castilla y León, Valencia y Canarias) que dejan de ser receptoras de fondos SIN efecto estadístico. Y por último, la UE de ahora son 25 miembros (antes 15), somos más repartir.

[Stewie]

El ingreso medio anual de un hogar madrileño es 9.000 euros más alto que el de uno de Extremadura

Bueno, ese dato, sin el de los respectivos costes de la vida, queda bastante cojo.

Especialmente los gastos en alquiler o compra de vivienda.

[Stewie]

SÓLO EXTREMADURA SERÍA OBJETIVO 1
Siete comunidades autónomas tienen un PIB por habitante mayor que la media europea
EFE
MADRID.- La nueva contabilidad regional de España muestra que siete comunidades autónomas han superado el nivel medio de renta de la Unión Europea de 25 miembros y que todas ellas excepto Extremadura se sitúan por encima del 75%, nivel por debajo del cual se tiene acceso a las ayudas del Objetivo 1 de la UE.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) dio a conocer la Contabilidad Regional de España en su serie 2000-2004 en la que por primera vez se utiliza como base el año 2000 en lugar de 1995, que era la referencia hasta ahora.

La nueva contabilidad incluye diversos cambios metodológicos como consecuencia de la aplicación de normativa europea pero también por la utilización de nuevas fuentes estadísticas, que suponen variaciones al alza tanto en el PIB como en la población.

Convergencia en el 98,3%

Conforme a esa nueva metodología, el nivel de convergencia de España con la UE (PIB per cápita medido en términos de poder adquisitivo y comparado con la media europea 100) se situaba en 2004 en el 98,3%.

Por comunidades son ya siete las que superan la media europea: Madrid (129), Navarra (124,6), País Vasco (122,9), Cataluña (117,8), Baleares (110,9), La Rioja (106,8) y Aragón (105,1).

Las otras diez autonomías y las ciudades de Ceuta y Melilla están por debajo, aunque casi todas por encima del 75%, incluidas Andalucía (75,7), Castilla-La Mancha (76,7) y Galicia (78,5). Sólo queda por debajo de esa barrera Extremadura, con un 65,2 por ciento.

De ese modo, si se hubiesen tenido en cuenta esos datos a la hora de calcular los presupuestos comunitarios para el próximo periodo, sólo la región extremeña seguiría recibiendo fondos del Objetivo 1 de la UE, que suponen las ayudas más cuantiosas y se dirigen a las regiones más pobres.

Las perspectivas financieras para el periodo 2007-2013 aprobadas hace unas semanas por la UE se basaron, en cambio, en datos obtenidos con la metodología anterior y referidos a la media del periodo 2000-2002.

De acuerdo con los mismos, de las 11 CCAA que eran Objetivo 1 en el periodo 2000-2006, sólo se mantendrán en ese nivel Extremadura, con un 59,9% del PIB per cápita medio de la UE en ese periodo, Andalucía (69,3%), Galicia (73,4%) y Castilla-La Mancha (74,7%).

Mis conclusiones: Hay que poner limites a la solidaridad, no puede ser que se limite el desarrollo de Madrid para financiar proyectos en regiones un 10% más pobres, que tanta falta no les hace.

[NORNA]

Hipoteca hasta 50 años

Los de BBK te lo venden chachi piruli: que si pagas en 50 años, las cuotas se vuelven más flexibles, así se aumenta la cantidad de capital solicitado, ideal para gente joven...

A mí me da que es el timo de la estampita, que es el intento máximo por intentar mantener el precio de la vivienda por las nubes. O bien las expectativas de endilgar hipotecas de 30 años disminuyen y por lo tanto han de ampliar plazos o bien es la manera más directa de mantener precios e ir aumentandolos con el tiempo. Y ni hablemos ya de la subida de tipos de interés en todos esos años.

¿No sería una buena medida limitar los años de hipoteca? Si la gente no puede asumir el pastón mensual al que asciende la hipoteca de 20 años, quizá se verían obligados a disminuir los precios.

[Stewie]

A mí me da que es el timo de la estampita, que es el intento máximo por intentar mantener el precio de la vivienda por las nubes. O bien las expectativas de endilgar hipotecas de 30 años disminuyen y por lo tanto han de ampliar plazos o bien es la manera más directa de mantener precios e ir aumentandolos con el tiempo. Y ni hablemos ya de la subida de tipos de interés en todos esos años.

Es un engaño en el sentido de que hasta ahora, nadie pensaba en pagarse una casa en 50 años, y por tanto se decantaban por opciones más asequibles. Parece que hay opciones accesibles que antes no lo eran, cuando lo cierto, es que eran accesibles pero nadie se planteaba endeudarse hasta la jubilación.

Pero no hay NADIE con mano suficiente como para mantener los precios de la vivienda o hacerlos subir. Es un negocio muy rentable, pero más arriesgado de lo que parece.


Según me cuentan, en el centro de Madrid se están pagando pisos por el equivalente a 120 alquileres anuales. ¿Tan tonta es la gente? No, la gente espera que continue la tendencia alcista y ganarse el último centimillo. Con lo que muchos no cuentan es que en todas las grandes ciudades europeas se ha dado la misma burbuja y los precos han caído una media del 30%.

¿No sería una buena medida limitar los años de hipoteca? Si la gente no puede asumir el pastón mensual al que asciende la hipoteca de 20 años, quizá se verían obligados a disminuir los precios.

Bueno, partimos de la base de que la gente no es gilipollas (que a veces parece mucho suponer). Hay toda una gama de precios y de posibilidades de financiación, si a alguien le parece mejor pagarse una casa en 50 años, en vez en 40, 30 o 20, será que ha preferido esa casa a otra algo más pequeña o peor localizada, que es por lo que más parece que opta la gente.

[Stewie]

SEIS PUNTOS MENOS DE SUBIDA
El precio de la vivienda libre sube el 12,6% en 2005, el menor incremento en cuatro años
Agencias. 20.01.2006 - 11:44h
A 31 de diciembre, el precio de la vivienda libre en España subió el 12,6% en 2005 con respecto al mismo periodo de 2004, lo que significa el menor crecimiento en los últimos cuatro años.

BtL:

Pues la vurvuja (chascarrillo para minorías unipersonales) está empezando a hincharse cada vez más lentamente, cabe la esperanza de que se reduzca el 30% estimado de sobreprecio.

Todo gracias a Doña Apretujillo, su política de promoción del alquiler y a los minipisos.

Si se pincha la burbuja, lo vamos a notar todos, la construcción supone un 8% del PIB oficialmente. Con el sumergido que tiene el sector estará en el 10-15%.

[curreta]

En la construcción no hay burbuja, y los precios no van a bajar nunca salvo que venga una crisis como la del 92 o una guerra, los pisos no van a bajar nunca, a ver si la gente se entera.

Mas os vale pillaros una hipoteca a 50 añazos.

[Stewie]

En la construcción no hay burbuja, y los precios no van a bajar nunca salvo que venga una crisis como la del 92 o una guerra, los pisos no van a bajar nunca, a ver si la gente se entera.

Mas os vale pillaros una hipoteca a 50 añazos.

Dios te oiga.

Fusilado de "El País"



INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
El gran agujero fiscal

Los asalariados soportan una carga impositiva desproporcionada por la amplitud del fraude a Hacienda en los ámbitos empresariales y de las profesiones liberales
JOSÉ LUIS BARBERÍA

EL PAÍS - España - 16-01-2006
La sospecha de que los asalariados son, forzosamente, el único colectivo modélico de contribuyentes, los verdaderos paganos de una realidad injusta no reconocida oficialmente, dista mucho de ser una cantinela retórica. "Si Hacienda somos todos, los asalariados lo son mucho más", puede decirse, parafraseando el lema tributario. Porque las retenciones fiscales en las nóminas de los asalariados que las empresas vierten obligatoriamente en la cuenta del Estado le aseguran al fisco una transparencia y unos cobros que está muy lejos de obtener en el resto de los ámbitos impositivos.

De hecho, las rentas del trabajo supusieron este año último el 80% de los ingresos del gran impuesto del IRPF, frente a los escuálidos 7% y 11% aportados, respectivamente, por el capital y las actividades económicas y profesionales. Cierto: a partir de un determinado nivel de renta, un profesional opta, a menudo, por crear su propia empresa para así pagar el 35% correspondiente al impuesto de sociedades en lugar del 45% que le correspondería como persona individual. Pero eso no anula los resultados, más escandalosos que desconcertantes, que la recaudación del IRPF arroja sistemáticamente en los últimos tiempos.

¿Cómo se explica que en determinados segmentos de la actividad económica los empresarios ganen menos que sus empleados? ¿Y qué otra interpretación cabe hacer del hecho de que la renta de los trabajadores sea, por ejemplo en el País Vasco, un 33% superior a la que declaran los profesionales liberales? No es en el IRPF, sin embargo, donde se concentran las mayores bolsas de fraude, puesto que el 85% del total de la deuda detectada corresponde a las sociedades (personas jurídicas). Según los datos aportados por la Agencia Tributaria, el 53% de la deuda descubierta por la inspección fiscal se produce en el impuesto de sociedades; el 31%, en el impuesto sobre el valor añadido (IVA), y el 10%, en el IRPF.

Como es lógico, la inspección fiscal centra sus esfuerzos en las áreas en las que las prácticas fraudulentas están más extendidas: el sector inmobiliario, el informático, las telecomunicaciones, el automóvil...; pero no puede decirse que las inspecciones masivas -2.300 empresas inmobiliarias fueron supervisadas el pasado año- estén atajando el problema.

Por encargo de la revista Consumer Eroski, un grupo de técnicos visitó el pasado año 318 inmobiliarias haciéndose pasar por clientes interesados en la compra de una vivienda. El 60% de estas empresas aceptó sin objeciones mediar en las operaciones de compraventa con dinero negro y parte de ellas condicionó, incluso, su participación al cumplimiento de este requisito. En ciudades como Sevilla, Granada, Valencia y Málaga, ese porcentaje asciende al 90%.

El estudio confirma que la mayoría de los agentes inmobiliarios proponen a sus clientes firmar las escrituras del piso por debajo del montante total de la compraventa para evitar el pago del IVA (el 4% o 7%) en la cantidad no escriturada y los gastos de notaría e IVA (el 16% en este caso) correspondientes a la parte del dinero que se oculta a Hacienda. Todavía más: la práctica totalidad de las escasas agencias que se dedican a la venta de vivienda de protección oficial (VPO), apenas el 10%, ofrecen precios similares a los del mercado libre, contraviniendo la legislación que obliga expresamente a vender esos pisos a una tarifa inferior.

Aunque en la escabrosa relación del ciudadano con la Hacienda pública cuenta mucho la percepción subjetiva y social sobre lo razonable de la carga impositiva, la calidad de los servicios que presta el Estado y, ya en el plano psicológico, la personal propensión natural al riesgo, no hay duda de que lo determinante en el comportamiento del contribuyente es la posibilidad de ser descubierto y sancionado. Como en el caso de los asalariados, ésa es una probabilidad altísima, el reproche que se lanza a la Administración tributaria nace directamente del agravio comparativo, de la convicción de que la eficacia demostrada en el control de las aprisionadas nóminas pierde muchos enteros cuando se trata de atacar las prácticas fraudulentas que están a la orden del día en los ámbitos empresariales y de las profesiones liberales.

Pagar a Hacienda es más enojoso si otros con más ingresos no lo hacen, si se llega al convencimiento de que el sistema es implacable con los pequeños contribuyentes y poco eficaz con los poderosos. "El hijo de mi jefe tiene beca, pero el mío, no", denuncia un contribuyente en el apartado de sugerencias que la Agencia Tributaria ha abierto en su sitio de Internet. En el mismo espacio se narran experiencias que describen un panorama de convivencia social con fraude. "Cuando era estudiante trabajé en una constructora que tenía a tres trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, pero éramos 25 trabajando para la misma compañía. Cuando he comprado una casa, siempre me han requerido escriturar por una cantidad diferente a la real y el resto tenía que pagarlo en dinero B. Cuando he hecho reparaciones en casa, el carpintero, el albañil, el fontanero, todos me preguntaban si quería factura y cuánto quería poner en la factura; lo mismo en el restaurante en el que celebré mi boda, lo mismo cuando alguien de mi familia va al dentista, cuando he tenido que ir al abogado, cuando...".

Entre Suecia y Marruecos
Pese a las noticias que dan cuenta periódica de los éxitos cosechados ("El plan contra el fraude descubre 101.000 pisos de alquiler no declarados"; "Se investiga a 40 empresas en Madrid por fraude fiscal masivo en la importación de coches de lujo"...), queda una sensación de estancamiento, como si el ejercicio continuo de destejer lo que otros tejen no modificara sustancialmente las actitudes y comportamientos de fondo.

¿Hay una excepción española que explica la escasa atención política al asunto fiscal? ¿El éxito social, económico y mediático del fenómeno Gil y Gil podría haberse dado en otros países? ¿Es un problema de falta de cultura cívica, de desapego respecto al papel redistribuidor del Estado, o es que, simplemente, el sistema ofrece un amplio margen de impunidad a los defraudadores? "El comportamiento de los españoles en la historia es similar a la del resto del mundo, o sea: intentar no pagar impuestos. Lo que ocurre es que para poder cobrar, el Estado necesita tener legitimidad social y capacidad de coerción, y en España, a menudo, no ha habido ni una cosa ni otra", explica el historiador económico Francisco Comín y Comín. "El franquismo", dice, "tenía una gestión tributaria tan deficiente que, en la práctica, sólo pagaban los asalariados. Y aunque las cosas han cambiado mucho, la inercia de la historia hace que los hábitos tarden en corregirse".

Desde la puesta en marcha de la Agencia Tributaria en enero de 1992, la situación ha dado un vuelco espectacular, que homologa plenamente a la Hacienda española con la del resto de los países europeos. "Conviene no perder de vista que en 1978 había menos de 400.000 declaraciones del IRPF y que hoy contamos ya con 16,5 millones", señala el director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche. A su juicio, compartido por otros expertos -no así por las organizaciones sindicales de inspectores y subinspectores-, la Administración tributaria española no tiene nada que envidiar a las mejores de Europa en lo que se refiere a la capacidad de gestión y a su sistema de información. "Vamos mejorando, pero esto es un proceso lento y a largo plazo", subraya.

Jactarse de defraudar a Hacienda ha dejado de ser celebrado socialmente y hoy la gran mayoría de los ciudadanos justifica plenamente el cobro de los impuestos. "Estamos entre Suecia y Marruecos", se comenta en ocasiones, para ubicar a los españoles dentro del comportamiento social característico de los países mediterráneos. La industria valenciana del calzado, enraizada ya en el siglo XIX, es uno de los ejemplos clásicos de empleo negro en la Europa meridional. Se estima que Italia, Grecia o Portugal tienen una economía sumergida similar o superior a la española (23%).

Contra la opinión expresada en las encuestas -una amplia mayoría piensa que paga más impuestos por término medio que el resto de los europeos-, la presión fiscal en España (35,1% en 2004) sigue siendo inferior a la media de los 30 países de la OCDE (36,3%) y de la Unión Europea a 15 (40,5%). Situada a gran distancia de los teóricos modelos del Estado de bienestar (50,7% en Suecia), la presión fiscal española es equiparable a la de la nueva Europa de 25 Estados.

"El Gobierno anterior dio prioridad a la atención al contribuyente, más que a la lucha contra el fraude. Pasamos a llamarles clientes, y se mejoró mucho en el trato y en los servicios de información y asesoramiento", indica una responsable de la Administración tributaria. "Pero lo cierto", añade, "es que tenemos la impresión de que en todos estos años no se ha avanzado gran cosa en la lucha contra el fraude. Hay una regla general que no puede perderse de vista: cuando te centras en el servicio, el fraude aumenta; y cuando te vuelcas sólo en la lucha, se produce una reacción de rechazo. Por tanto, el equilibrio es fundamental. Se trata de luchar contra el fraude, pero sin molestar al contribuyente más de lo necesario. No estamos en la primera etapa socialista, cuando se filtró el caso de Lola Flores porque se pensó que hacía falta una política agresiva".

De acuerdo con el Barómetro de julio de 2005 publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), tres de cada cuatro españoles están convencidos de que existe mucho o bastante fraude y el 72,3% considera injusta la actual política fiscal. "De todas formas, hay una cierta contradicción", apunta el director de la Agencia Tributaria, "porque en la misma encuesta el 70% de los ciudadanos dice que no conoce prácticas de fraude en su entorno familiar o social". Condicionada por una pregunta de formulación más compleja, la encuesta correspondiente a 2004 del Instituto de Estudios Fiscales muestra, sin embargo, bloques de opiniones más equilibradas, al tiempo que acredita un avance significativo de quienes creen (59%, contra el 41%) que el pago de los impuestos ha mejorado durante la última década. Así, el 55% suscribe el enunciado de que "existen casos de fraude importante y bastantes engaños menores, pero en general se pagan los impuestos de modo bastante correcto", frente al 45% restante, que sostiene que "el fraude fiscal está muy generalizado y el pago de los impuestos es muy imperfecto".

Honestos y deshonestos
Con todo, el estudio de las diferentes encuestas suscita entre los analistas una primera reacción de perplejidad. Es como si los españoles dijeran a la vez una cosa y la contraria; como si no percibieran que fraude y cumplimiento de la ley son dos caras de la misma moneda; como si se pudiera ser cada vez más honesto y cada vez más deshonesto.

La explicación es que el concepto de honestidad tributaria se reparte de manera muy desigual entre los distintos grupos de contribuyentes, porque la ciudadanía se muestra consciente de que el fraude es mínimo, forzosamente, entre los asalariados y mucho mayor entre quienes cuentan con un gran margen de maniobra. Es un juicio que los propios empresarios y profesionales liberales corroboran igualmente en las encuestas. No en vano, el fraude empresarial constituye también una forma de competencia desleal que perjudica a las empresas que cumplen correctamente con la ley.

En cualquier caso, y por masiva que sea la convicción de que el fraude reduce la provisión pública de servicios y prestaciones e incrementa la presión fiscal sobre los contribuyentes honestos, mayor es todavía la resistencia a denunciar estas prácticas a la Agencia Tributaria. Únicamente el 7% de los encuestados se dice dispuesto a colaborar en esa tarea. La imagen del denunciante es tan negativa y está tan profundamente arraigada -¿un residuo mental de la figura franquista del chivato?-, que la posibilidad de obtener un incentivo económico, lejos de actuar de acicate, reafirma el rechazo de la gran mayoría. Se entiende, pues, que el director de la Agencia Tributaria responda con un contundente "no" a la pregunta de si la Administración estudia la posibilidad de premiar económicamente las informaciones que hagan aflorar las prácticas de fraude. "Un ciudadano", dice, "llama a la policía cuando ve que le están robando el coche al vecino, pero normalmente no actúa de igual manera si presume que se está defraudando a la Hacienda pública. Es una cuestión de educación tributaria". A la pregunta de si el defraudador de impuestos debe ser considerado un ladrón, responde que "son dos conductas reprobables tipificadas de forma distinta".

El Código Penal tipifica el fraude como delito fiscal únicamente en el caso de que la cantidad defraudada supere los 120.000 euros y siempre que haya existido una conducta dolosa, es decir, animada por la intención de defraudar. El número de grandes delincuentes de cuello blanco que ingresan en prisión por estafar a la Hacienda pública se cuentan con los dedos de una mano, pese a que en la renovada lucha contra las tramas organizadas, el encarcelamiento ha empezado a ser una posibilidad.

"Por falta de efectivos, las 57.000 empresas que facturan entre 1,8 y 6 millones de euros escapan, en la práctica, al control fiscal", denuncia José María Mollinedo, vicepresidente de Gestha, la Asociación de Técnicos de Hacienda del Estado. "En Italia hay policías que vigilan si el camarero te ha dado el ticket de la consumición, pero sin llegar a plantearnos nada de eso, está claro que en España se ha atacado mal el control de las empresas", señala, a su vez, Luis del Amo, gerente del Registro de Economistas Asesores Fiscales. "¿Se puede controlar el taxímetro de un taxista?", se pregunta. "¿Y cómo controlas al fontanero que te dice que si quieres factura te va a sumar un 30% de IVA?". Sobre el papel, la solución sería que todo pago de servicios a profesionales tuviera una pequeña desgravación, porque de esta manera se aseguraría que los ciudadanos reclamaran sistemáticamente la factura, pero esto es una idea descartada por engorrosa -basta imaginarse el volumen de la documentación a aportar por cada contribuyente-, y porque complicaría mucho la gestión.

Colapso de expedientes
El director de la Agencia Tributaria justifica la estrategia actual, muy volcada en el control de las grandes empresas y, por otro lado, en la investigación de las tramas organizadas de fraude. "Las 28.000 empresas que facturan más de seis millones de euros al año aportan las dos terceras partes del presupuesto recaudatorio del Estado: unos 120.000 millones de euros sobre un total de 165.000 millones. Además, son las grandes suministradoras de la información que nos permite hacer los cruces de coherencia entre lo que declaran las empresas y los ciudadanos. Luego, tenemos a 1,7 millones de contribuyentes, incluidos los agricultores, que declaran por el sistema de módulos. Ese sistema", explica, "consiste en asignar una ganancia teórica, con su correspondiente carga impositiva, en función del número de empleados, del consumo eléctrico o, si se trata de un restaurante o de un bar, del número de mesas o de la longitud de la barra. Hay que comprobar periódicamente si los establecimientos siguen teniendo los mismos empleados y mesas, pero no puede haber una inspección por contribuyente, porque ninguna organización tributaria puede permitirse el lujo de incurrir en el coste que eso supondría", apunta Luis Pedroche.

Con un presupuesto para este año de 1.256 millones de euros y una plantilla de 28.100 personas, de las cuales 11.940 están dedicadas a tareas de asistencia y asesoramiento, la Agencia Tributaria tiene como misión disciplinar a los contribuyentes y tratar de recuperar la mayor parte de la deuda. Es una tarea cada vez más complicada, pese a que en el presente ejercicio se cuenta con recuperar 4.500 millones, el 70% prácticamente de la deuda descubierta. La Agencia lo va a tener más difícil tras la reciente doctrina del Tribunal Constitucional, según la cual la simple interposición de una denuncia no interrumpe el plazo para la persecución de un delito -cinco, diez o más años, según la gravedad-. Dos mil expedientes por delito fiscal corren así el riesgo de quedar amnistiados por prescripción del plazo. Y el colapso amenaza igualmente a los tribunales económico-administrativos, que acumulan la friolera de 200.000 expedientes tributarios pendientes de resolución.

"Si existe tanta conflictividad judicial", indica Luis del Amo, "es porque la experiencia estadística demuestra que se puede ganar en los tribunales o, al menos, obtener un tiempo muy valioso. Luego, hay jueces sin gran formación tributaria e inspectores que fuerzan mucho las cosas porque enfrente suelen tener a un equipo de asesores que también utilizan la ley al límite. Además, siempre queda la posibilidad", destaca, "de que los papeles terminen perdiéndose en la Administración tributaria o en los propios juzgados".

Dada la desigualdad existente, pretender que el sistema tributario actúe sobre el conjunto de los contribuyentes con idéntica eficacia no deja de ser un propósito voluntarioso, condenado de antemano, por mucho celo que la Agencia Tributaria ponga en el empeño. Sin llegar a tanto, lo que sí cabe exigir es que el sistema actúe, al menos, con la misma diligencia en todos los casos para acabar con la sensación de desbarajuste, reducir el margen de impunidad y poner coto a los privilegiados que instrumentalizan las Sicav (sociedades de inversión de capital variable) a su favor y soslayan la ley fiscal a través de sofisticadas operaciones de ingeniería financiera. Aunque robar a un "ente sin rostro" como el Estado rebaja, por lo visto, las objeciones éticas, no hace falta ponerse moralista para asociar ese 10% extra de economía sumergida que tiene España con el hecho de que nuestro país destine ocho puntos menos del PIB que el resto de Europa a las ayudas y servicios sociales.

[tonetti]

Es lo que hay...